Javier Donoso: ¿Cuál es la caracterización que ustedes hacen de la situación colombiana hoy y las perspectivas que ven tomando en cuenta las proposiciones de paz que han hecho?
Jaime Bateman: La actual situación se enmarca dentro del período de desarticulación de lo que se llamó el Frente Nacional. Bajo el Frente, los dos partidos oligárquicos, liberal y conservador, se distribuyeron el poder tras un convenio pactado en 1957 que derrocó la dictadura de Rojas Pinilla. Los Gobiernos liberales y conservadores del Frente Nacional se caracterizaron por una política favorable a la concentración aceleradísima de la riqueza. Esa monopolización de la economía, lógicamente ligada al capital transnacional se produjo a costa de los sectores populares cuyas condiciones de vida se han venido deteriorando alarmantemente. Ante la protesta popular y para sostener el proyecto oligárquico, los Gobiernos a lo largo de estas décadas han venido suprimiendo las libertades políticas necesarias para el desarrollo
de una oposición organizada.
Durante el Gobierno de Turbay la militarización del país ha aumentado. Esta se concreta en el famoso Estatuto de Seguridad expedido por el Ejecutivo y destinado a concretar el orden político hasta el punto que los militares se presentan como una alternativa real de desarrollo del proceso oligárquico e imperialista.
Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde se mantiene formalmente un régimen constitucional pero se gobierna con mecanismos dictatoriales como el Estatuto de Seguridad y las recientes reformas constitucionales.
En este sentido nuestro país es quizás el mejor ejemplo de la aplicación del proyecto de democracia restringida impulsado por el imperialismo norteamericano para América Latina; obviamente, un régimen “constitucional y democrático” que carece de legitimidad porque la población es excluida del juego político y se ha marginado de los procesos electorales. Turbay Ayala, por ejemplo, fue elegido por el 17% del electorado del país.
Hoy por hoy, los partidos tradicionales liberal y conservador han agotado sus posibilidades de darle salida al conflicto pueblo-oligarquía. Debido a la actividad de las masas y sus organizaciones, a la de los sindicatos (el Consejo Nacional Sindical une a las cuatro principales centrales obreras), a la protesta de los sectores progresistas vinculados a la lucha por los derechos humanos y a las acciones militares de las organizaciones político-militares, el país ha entrado en un nuevo período de luchas populares. La característica fundamental del período es la coincidencia entre los objetivos de la acción de las masas y de las acciones político-militares que por eso mismo han adquirido una importancia central en la situación política del país. La monopolización significa la derrota económica de grandes sectores de pequeños y medianos industriales, de pequeños y medianos agricultores en proceso de proletarización. Esto, aunado a la situación de miseria, de represión y la carencia de canales de expresión política de aquellos sectores crea grandes condiciones para impulsar un frente popular antioligárquico. Sin embargo, en el actual estado de cosas, es casi imposible el desarrollo de la oposición legal. Por ejemplo, en el caso del Segundo Paro Cívico Nacional, cuya realización se considera necesaria como forma masiva de protesta contra la carestía y la falta de libertades, existe un consenso en torno a la apreciación de que a pesar de la voluntad popular, tal protesta podría convertirse en un enfrentamiento con las fuerzas represivas del Estado, de características insurreccionales.
Con base a las condiciones y posibilidades del movimiento de masas, nuestra organización plantea una alternativa de solución a la crisis. Esa solución se basa fundamentalmente en el criterio de que es necesario abrir los canales de representación política legal de las masas.
El M-19 ha planteado en tres oportunidades la necesidad de darle al país una salida concreta que debe partir del levantamiento del Estado de Sitio (usted sabe que llevamos treinta años de Estado de Sitio, que es un estado de guerra); la derogación del Estatuto de Seguridad, ese nuevo código de represión impulsado por el imperialismo; la liberación de los presos políticos, a través de una amnistía general y, por último, un diálogo entre los Colombianos que incluya a todos los sectores y fuerzas que integran a la nación.
En cuanto a la amnistía, el Gobierno expidió un decreto ley que implicaba la rendición del movimiento guerrillero.
Nosotros no estábamos de acuerdo con la rendición. Proponíamos que se llegara a un diálogo y un arreglo entre el Gobierno y el movimiento guerrillero, que el Gobierno no aceptó. Ante el fracaso de esa ley de amnistía oprobiosa, nuevamente planteamos que el Gobierno decretara una amnistía general sin condiciones, tal como lo explicita la
Constitución Nacional.
La oligarquía Colombiana ha querido vincular el innegable proceso de desarrollo del movimiento armado con la situación que atraviesa Centroamérica y en particular El Salvador, como si se tratase de un plan comunista para invadir estos países, ignorando las condiciones que llevan a los pueblos a levantarse en armas para conquistar su libertad.
Nosotros creemos que una obligación nuestra es evitar, hasta donde ello sea posible, un proceso de guerra civil en Colombia. Evitar que se produzca otra situación como la salvadoreña.
Por eso, estamos a la vanguardia de las propuestas pacíficas y le hemos dicho al Gobierno: levanten el Estado de Sitio, den una amnistía amplia, conversen con nosotros y sencillamente estaremos dispuestos a suspender las acciones militares y legalizar la actividad del M-19.
Hemos lanzado una candidatura para las elecciones presidenciales como muestra de que sí tenemos la voluntad de legalizar la actividad del M-19. Estas propuestas las hacemos dentro de una coyuntura especial, en la que nos hallamos en franco ascenso político y hemos desmentido hasta la saciedad la propaganda de los militares Colombianos en el sentido de que la guerrilla había desaparecido del panorama político. Por el contrario, la reciente ofensiva político-militar de las organizaciones armadas, demostró que la guerrilla tiene ahora más fuerza que antes; tiene más posibilidades que antes y el pueblo simpatiza más con la guerrilla que antes. En estas condiciones, favorables para el movimiento guerrillero, es que planteamos, sin embargo, una solución pacífica a la crisis social.
Si la oligarquía se empeña en mantener su proyecto guerrerista y monopolizar el proceso electoral, se profundizará entonces la lucha armada y, para la coyuntura de marzo del año entrante, entraríamos a sabotear el proceso electoral.
Sin una participación amplia, el proceso electoral continuará siendo el argumento que esgrime la oligarquía para ocultar el carácter dictatorial del régimen Colombiano. Creemos que esa situación de dictadura real debe quedar al descubierto.
¿Que se complicaría entonces la situación? Creemos que más complicada no puede estar.
Javier Donoso: Hay una aparente contradicción en el planteamiento de la participación en las próximas elecciones presidenciales. El M-19 surge precisamente como producto del fraude del 19 de abril de 1970. Las propuestas de ustedes cambiarían las condiciones con respecto a las elecciones pero, en definitiva, dejarían en el marco electoral el problema de la decisión del poder político. ¿Significa eso que el M-19 piensa que es factible que con una cobertura democrática mayor que la que existe hoy en Colombia, es posible acceder al poder?
Jaime Bateman: Mira, nosotros desde que nacimos como organización en el año 74, planteamos que las condiciones de la lucha política en Colombia, impuestas por una oligarquía despótica, conducen al pueblo a optar por la vía armada, pero ello implica necesariamente la vía de la organización de las masas, la vía de la unidad de las organizaciones políticas y del pueblo.
Eso lo venimos planteando desde que nacimos y por eso nos constituimos como una organización político-militar.
Nacimos como consecuencia de un fraude electoral, como tú dices, pero ésta fue una experiencia más en la serie de frustraciones que han condicionado históricamente al movimiento popular en Colombia. Sus líderes han muerto, han fracasado la mayoría de los movimientos políticos legales de masas y ello determinó el escepticismo y la marginación de importantes sectores. Estos factores nos enfrentan con la necesidad de desarrollar una gran actividad ideológica y organizativa tanto en el terreno político como en el militar, tendiente a elevar los niveles de conciencia y combatividad popular.
El conflicto existente no se da, simplemente, entre el Gobierno y la guerrilla. Hay que ponerlo en un plano mucho más amplio, entre la oligarquía y el pueblo, entre la alternativa democrática que desea forjar el pueblo y la alternativa antidemocrática que impone con las bayonetas, la oligarquía. Esa es la disyuntiva real: la lucha no es sólo entre el M-19 y el Gobierno. Para nosotros es fundamental que en Colombia exista un movimiento político amplio, pero en las actuales condiciones no puede desarrollarse menos aún en un proceso electoral. Por ejemplo, el Partido Comunista tiene una existencia legal, tiene sus publicaciones y sus representantes en las corporaciones públicas, pero cuando lleva su actividad a la movilización de masas, encuentra toda suerte de trabas, enfrenta la represión y, en el momento actual, hasta la amenaza de ser ilegalizado. En Colombia no existe la democracia; no hay libertades políticas, no hay libertades sindicales, no hay libertades civiles. En Colombia lo que rige es un estatuto represivo y cualquier forma de oposición, aun la más legal es reprimida. No es casual que García Márquez, personalidad de prestigio internacional, o Feliza Bursztyn, una gran escultora, hayan tenido que abandonar el país por motivos políticos.
En esas condiciones no puede desarrollarse una oposición legal. Por tanto, nuestras propuestas apuntan hacia el establecimiento de garantías reales para la lucha política, que permitan el desarrollo de la alternativa popular sin que aquella implique el desangre de la nación. En tales condiciones, estamos convencidos de que si el M-19 legaliza su actividad, el M-19 se convertiría en una organización de masas. Los hechos lo están expresando. El Gobierno se niega a permitir nuestra legalización porque sabe que en las condiciones que exigimos, el M-19 se constituirá en una fuerza
de oposición real, masiva. Por otra parte, no hay contradicción entre nuestros planteamientos de paz y nuestro accionar militar. Este último responde a la violencia oficial ejercida contra el pueblo. Está demostrado hasta la saciedad que en Colombia son las fuerzas reaccionarias y la oligarquía las que quieren la guerra y las que viven de la guerra. Está demostrado también que la guerrilla tiene grandes posibilidades de desarrollo. Que el ejército Colombiano no ha logrado aniquilar al movimiento guerrillero y aún más, que la guerrilla está en capacidad de convertirse de un movimiento campesino, rural, en un movimiento nacional urbano-rural con gran participación de las masas, orientado a derrumbar el Estado oligárquico. La última ofensiva demuestra nuevos criterios en el desarrollo del movimiento armado: la continuidad y organización del combate, la participación de las masas —la lucha armada está dejando de ser tan sólo expresión de vanguardias armadas—, y la ampliación de la lucha guerrillera en las ciudades. Con esta fuerza sustentamos nuestra propuesta de paz.
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